BUENAS SEÑALES

La prohibición de la minería de metales podrá concretarse, si es genuina la voluntad política expresada por los partidos mayoritarios ARENA y FMLN, el lunes recién pasado en la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Por petición del grupo parlamentario del gobernante FMLN, los diputados de dicha comisión del Congreso discutieron la posibilidad de reformar la Ley de Minería, a fin de “establecer de forma expresa, terminante y sin equívocos la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos minerales metálicos de oro y plata en todo el territorio nacional, por razones de protección ecológica y de soberanía hídrica”.

Con excepción del “independiente” Orlando Arévalo y del pecenista Rubén Orellana, todos los legisladores se mostraron a favor de la propuesta. Arévalo evidenció que no abandona su antipatriota postura prominera e insinuó que es mejor otorgar los permisos a Pacific Rim que enfrentar su demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Mientras Orellana –lugarteniente del repudiado Ciro Cruz Zepeda– insistía sospechosamente en pasar a otro punto de la agenda de la sesión. Distinta fue la actitud de Reynaldo Cardoza, parlamentario pecenista por el departamento de Chalatenango, quien asegura estar en contra de la minería.

Ante la reiteración de los argumentos del FMLN –en boca de los congresistas Guillermo Mata, Lourdes Palacios y Yohalmo Cabrera–, los areneros Enrique Valdez y Eduardo Barrientos ratificaron la posición planteada por el ex presidente Antonio Saca, pero pidieron discutir más ampliamente el asunto y consultar a los ministros de Economía y de Medio Ambiente. Por su parte Mauricio Rodríguez, del PDC, planteó que el rechazo a la minería de metales debe ser prioridad en la agenda parlamentaria.

Aunque la propuesta de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica es aprobar una nueva ley minera que prohiba esta nociva industria, sus comunidades y organizaciones ciudadanas consideran oportuna la posible modificación a la Ley de Minería, vigente desde mitad de los noventa.

Esto no sólo pondría a salvo al país del grave peligro minero, si no también quitaría a Pacific Rim su principal argumento legal: la existencia de una ley que permite la extracción de metales preciosos.

Pero la prohibición de las actividades mineras depende también de la actuación pronta del Ejecutivo.

Por eso la urgente necesidad de que el presidente Mauricio Funes –cumpliendo su compromiso de campaña– declare oficialmente inviables estos proyectos y pida al Parlamento una normativa que los prohiba. Esto es lo que se espera de los titulares del MINEC y del MARN, cuando visiten la referida comisión parlamentaria, el 13 de julio próximo.

*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Tomado de Diario Co-latino