¿De vuelta a la Mano Dura?
Oscar A. Fernández O. (*)
La libertad no es hija del orden, sino su madre.
P. J. Proudhom.
SAN SALVADOR-La problemática de la criminalidad es un asunto complejo, que debe ser abordado de manera sistemática y multifactorial. Aun así, es una utopía pretender erradicar la delincuencia, porque es consustancial al conglomerado social. Sin embargo, es factible aspirar a una reducción de sus cifras. El cumplimiento de este objetivo está condicionado a la sensatez de las soluciones propuestas desde la política criminal estatal. Si se opta por soluciones inadecuadas, el problema, lejos de disminuir, tenderá a aumentar.
En el marco de las campañas políticas y la política de cajón, se escuchan y leen propuestas conservadoras y propias del modelo de Estado policial (s. XVII), sustentado en una doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo. La lógica de este modelo, tiene como objetivo la destrucción del "enemigo interno", concepto éste que en el desarrollo de un conflicto suele abarcar a todo actor de "desorden social” y tiende a criminalizar la pobreza. Expresiones todas que convergen en un mismo enfoque: “mano dura”, “cero tolerancia” y “más cárcel”. Es, como lo hemos apuntado en reiteradas ocasiones, el espíritu del derecho represivo que para mantener el statu quo, legaliza una especie de “guerra de clase”
Por eso, debe valorarse si dichas propuestas son las más convenientes para atender el problema, pero los políticos siguen ocultando que ninguna sociedad ha encontrado la solución en el endurecimiento de las penas y la “cero tolerancia”. En muchas ocasiones el Derecho Penal es presentado como un instrumento de “control social”. De alguna manera se espera de la ley penal y de su aplicación un efecto preventivo y/o disuasivo de las conductas punibles, como dijo algún diputado derechista despistado. Esta es una contradictio in terminis, porque el derecho penal actúa después de cometido el delito, por lo tanto, no puede prevenir. Tampoco es útil disuadiendo, porque el delincuente le apuesta a salir impune y en este sistema legal, la impunidad es la norma.
Siempre son los pobres los “malos”. Siempre son los pobres los que pierden. Para los delincuentes, suele ser más fácil atacar a un pobre. Los ricos tienen mayores recursos para protegerse. Sin embargo, son los que más se quejan. Basta con visitar las cárceles y ver quiénes están ahí. La muestra social que se ve ahí adentro no se corresponde con lo que se ve en la calle. En una sociedad en la que hay desigualdad, los que tienen más siempre encontraran más posibilidades de resolver sus problemas, cualesquiera que sean.
Una de las causas del agravamiento del problema de la violencia social, es la pérdida de importancia que tiempo atrás, tuvieron algunos valores en la sociedad. Eran considerados como esenciales para la convivencia social y el desarrollo de la personalidad, pero se han relativizado en las últimas dos décadas. Por eso se han incrementando algunos delitos donde la probidad y la confianza desempeñan un papel esencial, como sucede en el caso de la generalizada corrupción y el fraude en la administración pública y los negocios privados.
Asimismo, las cabezas envenenadas desde la propaganda nihilista del mercado, desatan la envidia y la codicia, que conllevan a un incremento de otros ilícitos penales (estafa, robo, etc.) es decir, dinero fácil; mientras que el irrespeto por la integridad física de los demás y la pérdida de la noción de dignidad humana (secularmente violentada por las oligarquías económicas y sus estados dictatoriales), dan lugar a un aumento de delitos como el homicidio, las lesiones y las violaciones sexuales.
La llamada “viveza salvatrucha”, es hoy una institución nacional, dónde se pretende conseguir lo que sea a costa de lo que sea. Es una cuestión que como ya hemos dicho, desmontarla costará mucho. Debemos empezar ya y lo primero es rediseñar el sistema educativo y de los valores de la convivencia ciudadana, la tolerancia y fundamentalmente el respeto al derecho y la justicia, con un Estado efectivo.
Corren malos tiempos para los derechos humanos. La realidad de la llamada sociedad del riesgo, el manejo mediático y político de la macro-criminalidad como el llamado terrorismo, (término que generalmente se usa a conveniencia política) son los pretextos para desarrollar una política criminal de guerra, que poco se diferencia en realidad con la propia guerra.
Por su parte, las deplorables condiciones socio-económicas en que viven cada vez más personas, conducen al resurgimiento de ciertos delitos (contra la vida y la propiedad) Esto no justifica, pero sí explica, que cierta criminalidad ocurra como consecuencia de la necesidad de adquirir bienes, algunos esenciales para la supervivencia, otros superfluos, inducidos por la llamada “publicidad comercial” de una sociedad consumista y nihilista.
Los políticos tradicionales no reconocen esta realidad para no evidenciar los fracasos de sus políticas económicas, aún cuando hay pruebas fehacientes de que se han incrementando la pobreza y el desempleo en los sectores más vulnerables de la sociedad, propiciándose mayor marginalización y exclusión. A esto se suma el aumento de la problemática de las drogas, que conduce a muchas personas a robar –y hasta matar– para financiar su adicción, así como a los expendedores, a pelear a muerte por sus mercados.
Si los políticos abordaran el problema de la criminalidad tomando “al toro por los cuernos”, estoy seguro de que “otro gallo cantaría”. No se trata de proponer –con simpleza– la promulgación de más leyes, más penas y más cárceles, ya que esto sólo extiende los ámbitos de aplicación del derecho penal y aumenta la represión, sin solucionar nada. Por el contrario, deberían reformularse los programas de Educación ciudadana para la democracia, para que los niños y las niñas siembren, y como adultos cosechen, afinidad por las instituciones estatales y respeto por los caudales públicos. Igualmente, el contenido de las guías sexuales con que se instruye a los adolescentes debería apartarse de dogmas religiosos y ajustarse a la realidad social.
“El efecto de la mano dura, plantea Bernardo Kliksberg (Nueva Sociedad, 2008) es generar ‘carne de cañón’ para el crimen organizado, que ofrece incentivos materiales y simbólicos, y ampliar su posibilidad de reclutar a jóvenes en situación de riesgo. El Estado, con la ayuda de la sociedad, debería ‘competir’ con las bandas organizadas para reclutar a los jóvenes vulnerables hacia el sistema educativo y el mercado laboral. Si en lugar de eso se limita a reprimirlos, sólo conseguirá empujar a muchos al delito.”
La delincuencia en El Salvador y el mundo, es uno de los problemas más grandes en la actualidad. Pero para poder hablar de ella es necesario saber todo lo que su concepto encierra, el fenómeno de la delincuencia y el de su otra cara, la inseguridad, son sumamente complejos y no pueden separarse de lo social. Los problemas complejos exigen soluciones complejas. Y para ello sin duda lo más importante, es la participación de la ciudadanía. Entendamos que la unidad nacional va más allá de las reuniones privadas con los partidos políticos y los grandes empresarios.
Para iniciar una discusión nacional seria y menos reactiva al respecto, debemos de rayar la cancha y para ello hemos de insistir en que este siglo enterró al Estado de Bienestar y a partir de allí, los Estados tienden a reducirse en todo aspecto, por lo que los nuevos entramados de poder ya no político sino económico, han dado lugar a la aparición de una nueva categoría: los excluidos, más allá de la marginación, y sabemos que son ellos los que pueblan las cárceles, los que han quedado fuera de las brutales políticas neoliberales aplicadas a destajo en Latinoamérica sobre todo a partir de la década del 90', sabemos que los inmigrantes constituyen la población carcelaria en Europa, y los latinos en EE.UU. mientras tanto, las nuevas formas de criminalidad, con total impunidad, continúan moviendo cifras monetarias inimaginables y en muchos casos, con ayuda de los Estados.
Hay un distanciamiento evidente entre el mundo del ser y del mundo del deber ser que se refleja como decíamos en el derecho penal. Es insuficiente una respuesta desde la normatividad, lo sabemos, porque el Derecho Penal pocas veces ha resuelto algo. En las últimas décadas se han incrementado los niveles de inseguridad ciudadana. Sin entrar en detalle, mencionaré el hecho del deterioro de dos mecanismos de control social muy importantes: la familia y la escuela. Con el actual ritmo de vida, sobre todo en las ciudades, la supervisión y el control de nuestros hijos ha descendido cuantitativa, pero también cualitativamente. Reflexionemos serenamente sobre ello.
(*) Analista y columnista de ContraPunto
No hay comentarios:
Publicar un comentario